“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado realizar una investigación sobre: (1) la suficiencia del presupuesto y demás recursos asignados a la División de Servicios a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud para atender las necesidades de las cerca de 300,000 personas con diagnóstico de discapacidad intelectual (Trastorno del Desarrollo Intelectual) en Puerto Rico; y (2) la adecuacidad de la oferta de servicios, la suficiencia de personal y la infraestructura de los Centros Transicionales de Servicio (CTS) autorizados a operar por la División de Servicios a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual (DSPADI) del Departamento de Salud.”